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Dimitri Defranc

La ciudad vive un fenómeno viejo pero poco conocido: el negocio de venta de empadronamientos. Se trata de personas que cobran cantidades puntuales de dinero o cuotas mensuales por empadronar en su domicilio a personas en riesgo de exclusión social aunque éstas no vivan allí.

Recordemos que el estar empadronados es un derecho y un deber de acuerdo con el artículo 15.1 de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases del Régimen Local, ‘todo español o extranjero que viva en territorio español deberá empadronarse en el municipio en que resida habitualmente. Quien viva en varios municipios deberá inscribirse en el que habite durante más tiempo al año’.

Cobrar por empadronar no es más que otra de las numerosas estafas a las que son sometidas personas de colectivos vulnerables. Se suelen cobrar importes que oscilan desde los 50 euros a mensualidades más elevadas de unos 80. Desde varias organizaciones estamos tratando de frenar este fenómeno, pero las autoridades más preocupadas por sus pactos y componendas no son conocedores de este tipo de problemáticas.

Una solución es poder reportar a los servicios sociales estas situaciones y supuestamente existe un protocolo de actuación en Sant Cugat, pero la realidad es que ha fracasado por el colapso de los servicios sociales; algo que hemos constatado en primera persona realizando acompañamientos a personas que han acudido a nosotros en busca de ayuda.

Nuestra sugerencia para ser más eficientes es crear un lugar de empadronamiento municipal centralizado donde se puedan acoger a las personas que aunque viven en la ciudad no pueden acceder a su derecho básico. Este modelo se está aplicando en otras ciudades en una campaña iniciada por la ONG Papeles para Todos y que beneficia a toda la ciudadanía en riesgo de exclusión independientemente de su origen.

DIMITRI DEFRANC és responsable de comunicacions de l’ONG Vallès Sense Fronteres

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